Eduardo Jorge Prats

La Constitución de 2010 consagra la protección efectiva de los derechos de la persona como la función esencial del Estado. Esta función constitucional del Estado significa que la efectividad es un principio estructural de este, lo cual se refleja en el diseño y puestas a punto de las garantías de los derechos fundamentales, en específico de la tutela judicial, garantía que antonomasia en todo Estado de derecho como el que quiere y manda el artículo 7 de la nueva Carta Magna.

El Estado se transforma y reinventa desde su propia aparición en el siglo XVI. Esto parecería paradójico, máxime si tomamos en cuenta que la propia etimología de la palabra sugiere la permanencia y la estabilidad como rasgos característicos de esta identidad. Lo cierto es, sin embargo, que la profundidad de las transformaciones culturales, económicas, sociales, políticas e internacionales que sufre el Estado sugieren, aunque no su desaparición tal como se ha conocido desde la Edad Moderna, sí una profunda mutación de la estructura y función estatales.

La fórmula “Estado social y democrático de derecho” concreta una dogmática insconstitucional que ha tratado de conciliar las virtudes del constitucionalismo clásico liberal surgido de las revoluciones del siglo XVIII con las del constitucionalismo social que arranca con la Constitución de México de 1917 y que tuvo su máxima expresión en nuestro país con la Constitución de 1963.